Prevalencia de la Discapacidad Visual: una alarma global.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimaba en su informe del 2010 que 929 millones de personas padecerían algún tipo de discapacidad visual en el año 2020. Este mismo informe también reportaba la existencia de 733 millones de personas que ya padecían algún tipo de afectación del sistema visual que podía ser calificado de discapacidad (OMS, 2010).
Sin embargo, su más reciente actualización de 2019 reveló que esta cifra resultaría ser muy superior puesto que ese año ya ascendía a 2200 millones el número de personas que presentaban discapacidad visual o ceguera (OMS, IMV 2019).
Esto supone un aumento real de 1467 millones de personas con DV más respecto a 9 años atrás, es decir un crecimiento del 300%. Y todo ello, a falta de los resultados de los últimos dos años (2020-2021) y pendientes de conocer el impacto que la pandemia global del COVID-19 haya podido tener sobre estas cifras.
Ya en el año 2003 podía encontrarse una diferencia notable entre los países con rentas bajas y medias y aquellos con rentas altas. En los primeros, en aquellas fechas, el porcentaje de adultos con dificultades visuales oscilaba entre el 23 y el 24% mientras que en los países con más renta la tasa era del 13%. También se encuentran diferencias entre aquella parte de la población que sufre un nivel de dificultad visual severa situándose la cifra en los países con menos renta entre el 5 y el 6% de los adultos y en los que poseen más renta en torno al 2% (Freeman, Roy-Gagnon, Samson et al., 2013).
Hay que tener en cuenta que estas diferencias en renta per cápita se traducen automáticamente en un insuficiente acceso a la atención sanitaria, servicios de apoyo y rehabilitación, por no mencionar la mermada, en algunos lugares incluso inexistente, capacidad de acceso a servicios de prevención sanitaria, los cuales tienen encomendada la misión de reducir el riesgo de que las discapacidades visuales tratables se transformen en dificultades visuales que ya no pueden corregirse y lleguen a cronificarse e incluso resulten incapacitantes. Pero también encontramos una dificultad añadida para la adquisición y mantenimiento de tecnologías asistivas íntimamente ligada al poder adquisitivo de los individuos en función de su procedencia, estrato social y/o estatus económico (OMS, 2011).
La OMS estima que aproximadamente el 45% de los casos de déficits visuales reportados en su informe de 2019, es decir alrededor de 1000 millones, podrían haberse evitado, mediante la detección adecuada en tiempo y forma, y/o acciones de tratamiento y rehabilitación que han resultado, por diversos motivos, inaccesibles (OMS, IMV, 2019).
El retraso en las valoraciones clínicas, diagnósticos y atención preventiva conducen de manera inexorable a un crecimiento de los casos tanto en el número de personas con DV corregible como aquellas que no tienen corrección posible. Económicamente, la carga sobre el sistema social y sanitario se refleja en un aumento del gasto en atención médica, pronosticado para 2020 en 2,3 billones de €, un notable incremento con respecto a los 1,97 billones de € empleados en 2010. Además, la OMS informó que el impacto económico mundial asociado con el absentismo laboral y pérdida de productividad sumados a los gastos médicos indirectos rondaría los 151.000 millones de € para 2020 (Gordois, Pezzullo y Cutler, 2010).
Un aspecto mencionado antes merece de nuevo atención, el aumento de los casos de pérdida de visión relacionados tanto con el aumento de la esperanza de vida como también con cambios en los estilos de vida. A lo largo de las 3 últimas décadas, las principales causas de deterioro o pérdida visual han sufrido cambios importantes, por ejemplo, las patologías visuales de origen infeccioso, como el tracoma, se han reducido, al tiempo que las asociadas a la edad de carácter crónico – glaucoma, DMAE , retinopatía diabética – han ido aumentando su prevalencia (Swenor y Ehrlich, 2021).
En la actualidad, la retinopatía diabética constituye la mayor causa de ceguera y discapacidad visual a nivel global (GBD, 2019). Diversos organismos internacionales han dado la señal de alarma y reclaman una respuesta, clínica y socio sanitaria, por parte de los servicios públicos que sea capaz de abordar adecuadamente esta transición epidemiológica (Burton, Ramke, Marques et al., 2021).
Los riesgos de salud asociados al desarrollo de una DV son especialmente preocupantes en la edad adulta, más aún cuanto más avanzada es esta, debido a la especial vulnerabilidad de esta población.
Estos riesgos incluyen accidentes derivados de la pérdida de movilidad – caídas, fracturas óseas y lesiones – producidas por el empobrecimiento del contacto con el espacio circundante, por lo que, al margen de su etiología, la DV afecta directamente a otros ámbitos de la salud de la persona incluyendo la posibilidad de muerte prematura (Zhang, Jiang, Song et al., 2016).
En este estado de cosas, las personas afectadas por una DV superan a la población general en riesgo de sufrir, como consecuencia directa o indirecta de su discapacidad primaria, un deterioro secundario o afecciones de carácter crónico e incluso afectaciones de la salud de carácter mental y/o social (Felson, Anderson, Hannan et al. 1989; Patrick, 1997; Manduchi y Kurniawan, 2011; Branch, Carabellese, Appollonio, Rozzini et al., 1993).
De hecho, el 74% de los afectados por DV declaran sufrir preocupación por su visión y además la mitad sufren irritabilidad o frustración debidas a su condición visual (de Haan, Heutink, Melis-Dankers et al. 2015).
El dato más relevante, clínicamente es el riesgo de depresión que triplica al de la población sin patologías, así como el incremento en un 5% de riesgo de suicidio (Lam, Christ, Lee, et al. 1998) que parecen ser reflejo directo de las situaciones de pobreza, privación de derechos y efectos repercutidos por estas condiciones sobre la salud. (Lam, Christ, Lee et al., 2008).
